El charnego agradecido.

El cinismo o la inopia de José Montilla, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, parecen no tener límites. Hoy, 6 de diciembre, el día de la Constitución, esa efeméride cuya celebración su gobierno, en connivencia con los partidos nacionalistas oficiales de Cataluña (el PSC lo es de hecho), no acuerda ni promueve (ni oficialmente ni mucho menos en la intimidad), se descuelga con un artículo de fondo en El País en el que, después de rendir hipócrita pleitesía a la carta magna en el título principal (Defensa y elogio de la Constitución), lo contradice flagrantemente en el subtítulo con el tenor de "las instituciones se legitiman ante la ciudadanía con su ejecutoria. El Tribunal (Constitucional) no puede actuar de espaldas a la opinión pública", en referencia a la próxima publicación de la sentencia de este tribunal sobre la constitucionalidad de algunas partes del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con razón casi todo el mundo en Cataluña desprecia al charnego agradecido. Los nacionalistas puros, por ser de fuera y hablar deficientemente el catalán, la lengua propia de Cataluña, según ese Estatuto nacionalista que desprecia el concepto legal y abierto de lengua oficial cuya realidad, tan a su pesar, encarna Montilla. Los no nacionalistas, por no tener la suficiente personalidad para actuar con convicciones propias y plegarse sumisamente al nacionalismo rampante que, en el fondo (y a veces, hasta en la forma: concierto de despedida de Lluís Llach en Verges, Gerona) desprecia sus orígenes no catalanes y no reconoce la realidad plural que él refleja.

Lo lamentable y desmoralizador de todo esto es que todo un Presidente de Comunidad Autónoma, de una tan importante como Cataluña, no tenga los suficientes conocimientos de Derecho como para saber que un juzgado o tribunal no decide, no puede, no debe decidir el fallo de sus resoluciones basándose en la opinión pública, sino única y exclusivamente en las leyes promulgadas, publicadas y en vigor. Por no mencionar, claro, que la opinión pública para un político que la miente no suele ser más que la confirmación de la opinión de uno mismo, teniendo en cuenta que no se puede medir científicamente, puesto que la expresada por los ciudadanos de Cataluña con ocasión del referéndum sobre el Estatut no puede referirse legalmente más que a la que no rebase los límites establecidos por la Constitución, ya que la que sí lo haga debe respetar la opinión pública de todos los españoles, que son los únicos ciudadanos que, por los cauces previstos, pueden decidir reformarla.

En cualquier caso, no nos hemos caído de un guindo. Es evidente que Montilla sí conoce a qué debe atenerse exclusivamente el Tribunal Constitucional. Sus declaraciones, en línea con la de los políticos nacionalistas catalanes, sólo pretenden, desde la demagogia populista, presionar lo máximo posible a los miembros del alto tribunal para que se asusten y acaben sentenciando contra los recursos de inconstitucionalidad planteados y, por tanto, a favor de la plena constitucionalidad de todos los artículos del Estatut.

Así las cosas, lo penoso no es que Montilla no tenga conocimientos elementales de ese Derecho cuya proposición y ejecución es la misión fundamental de la institución que él encabeza, sino más bien que un Presidente de Comunidad Autónoma, que debería dar el máximo ejemplo, muestre tan poco respeto por la legalidad vigente.

Actualización (6 de enero del 2010): el cordobés sigue amenazando con no acatar la decisión del Tribunal Constitucional. 

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