domingo, 7 de febrero de 2010

El Ministro de Justicia de España no podrá hablar gallego

Al Ministro de Justicia del Gobierno central de España, Francisco Caamaño, no le basta con su trabajo como enésimo salvador de una administración endémicamente caótica, ineficaz y despilfarradora, como es la de Justicia, mediante pactos vergonzantes con los funcionarios dirigentes (Jueces y Secretarios Judiciales) a espaldas de los representantes de los funcionarios que realizan todo el trabajo material propio y, alegal  e ilegalmente, gran parte del jurídico correspondiente a aquéllos. No, el ministro mofletudo dedica parte de su tiempo a manifestarse en las calles de su tierra natal por la defensa del gallego, amenazadísimo en su particular percepción de la realidad, y a mostrarlo a cuanto reportero le busca, a ser posible de medios audiovisuales, por aquello de acabar apareciendo en la caja tonta... pero de atención masiva.

No importa que recientemente los ciudadanos de Galicia hayan devuelto el gobierno autonómico de la Xunta de Galicia al Partido Popular debido en buena parte a las discutidísimas políticas normalizadoras del uso del gallego, especialmente en los centros educativos públicos, en que se había intentado imponer por cuotas, frente al castellano, por parte de la Coalición del partido del ministro con el Bloque Nacionalista Gallego.

Como tampoco les importa que en realidad el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (por cierto, ¿por qué este segundo apellido, llevado también por el ilustrado intelectual español del siglo XVIII de la misma forma, se escribirá con acento ortográfico, si es palabra llana y acabada en vocal...?) lo único que ha pretendido es posibilitar y proteger oficialmente la decisión libre de los padres y, secundariamente, de los profesores sobre la materia.

Y es que lo que en última instancia no importa, como en Cataluña y el País Vasco, es la libertad de los afectados, los derechos individuales de los padres, una buena parte de ellos castellano-parlantes habituales,  porque lo que no hay es confianza en la decisión libre de los mismos, frente a conceptos abstractos como pueblo, nación, patria, lengua... Todo para el pueblo..., pero sin el pueblo. Como en la Administración de Justicia.