Cuando la economía española estaba boyante, por "culpa de" - que no "gracias a" - la puta especulación del ladrillo, no se daban prestaciones por desempleo no contributivas (subsidios) de forma extraordinaria, pese a que el sistema se lo hubiera podido permitir (más ciudadanos trabajando y cotizando frente a menos parados). En cambio, ahora que con la crisis hay muchos menos trabajando y muchos más desempleados, el gobierno no deja de aprobar subsidios extraordinarios para muchos de los parados, muchos de los cuales, dicho sea de paso, no tiene sentido que sigan en España, dado que desgraciadamente no habrá trabajo para ellos durante muchos años y, sin embargo, se fomenta su permanencia con regalos de ayudas gubernamentales extraordinarias. ¿Quién pagará la factura de esa contradicción absurda? Los funcionarios y los pensionistas. Política izquierdista anacrónica: mantener dependientes a base de ayudas degradantes (por arbitrarias) y pasar la factura a los colectivos más fácilmente controlables.
