La autodeterminación: el pueblo decide en versión nacionalista.

"Una consulta soberanista evidenciaría que Cataluña quiere ser española"

El líder nacionalista descarta un referéndum independentista porque ganaría el no. 

El País.com

Después de la consulta sobre la independencia de España celebrada en Arenys de Munt (Barcelona) con la connivencia y aun el apoyo del Ayuntamiento, y especialmente de su Alcalde, aclamado en loor de multitudes en las manifestaciones independentistas de los días siguientes en Barcelona (y que en el resto de España fueron conocidas especialmente por la participación en una de ellas del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta), se han convocado multitud de nuevas consultas municipales con el mismo propósito, a celebrarse en el mismo día, el 13 de diciembre, por varias asociaciones ciudadanas que se arrogan la representación de los habitantes de un puñado de poblaciones repartidas por gran parte del territorio catalán (abajo).

Mi pueblo, Arenys de Mar, vecino del pionero en estas lides, se ha sumado al elenco de municipios en que se celebrarán las siguientes nuevas consultas sobre la independencia, con el eslogan "Arenys de Mar decideix" (decide), y con el argumento básico de que pronunciarse sobre esta cuestión, de forma vinculante para las instituciones públicas, es "un derecho elemental".

Pues ya se ve que el presidente de Convergència i Unió, coalición de partidos que representa a más de la mitad del nacionalismo catalán,  se pasa los derechos elementales  de su parroquia por el arco de triunfo, y que la cantinela de que "queremos decidir" , "tenemos derecho a decidir" (los catalanes) quiere decir en realidad que "lo que queremos es ganar" (los nacionalistas); y si no es posible, aquí, decidir, no decide ni Dios...

Pero claro, es que ya Esquerra Republicana pospuso el ansiado referéndum sobre la independencia a dentro de una década... Eso es confianza en el pueblo. 

En otras palabras, se trata de ir concienciando a la sociedad civil a través de referéndums informales de ámbito municipal, a los que su calificación de ilegales por parte del gobierno central y de las autoridades judiciales competentes, cuando colaboran activamente en su celebración los respectivos ayuntamientos, les viene estupendamente tanto a sus organizadores como a los líderes nacionalistas de nivel autonómico para ganar tiempo y no arriesgar hasta que la mayoría de la población de Cataluña esté en disposición de pasar por el aro y sea seguro el resultado favorable en un futurible referéndum, más formal (legal o ilegal), y de ámbito autonómico.

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El precio de la liberación de unos secuestrados. El fin y los medios

Por las últimas e insistentes declaraciones-proclamas tanto de las mujeres de los pescadores españoles del Alakrana secuestrados por piratas somalíes como de los Presidentes de las Comunidades autónomas del País Vasco y de Galicia, da la impresión de que el Juez Central de Instrucción (Audiencia Nacional) que ha procesado a dos de ellos (a instancia de la abogacía del Estado, no se olvide), está cometiendo una tropelía rayana en el delito por no liberarlos o extraditarlos a ¿qué país lo ha pedido...? y, de esta manera, siendo culpable del posible asesinato de los pescadores vascos y gallegos.

Como si la Justicia, regulada estrictamente en leyes, pudiera ser manipulada por los órganos competentes (los Juzgados) a su antojo para entrar en el terreno de la negociación con cualquier tipo de facinerosos. Como si la legislación penal tuviera por objeto salvar vidas humanas, y no imputar y, en su caso, condenar a delincuentes, sin otras consideraciones que las de respetar el límite de los derechos fundamentales de los implicados.

Habrían hecho mejor las esposas y parejas de los marineros secuestrados en haber pedido y aun exigido a éstos que no fueran a pescar a las aguas de Somalia o colindantes con éstas, tal y como se recomendó (y casi se reguló) por parte del Ministerio de Defensa cuando se comprobó por las autoridades españolas hace ya varios meses que no estaban en disposición ni de proteger directamente a los que se aventurasen por zonas tan peligrosas, ni sufragar el coste económico que ello suponía, no sólo debido al desplazamiento de buques militares a la zona, sino a la probable necesidad de enfrentarse al escenario en el que nos encontramos ahora : tener que pagar un altísimo rescate a piratas sin ningún escrúpulo para con la vida humana. Se les avisó y no hicieron caso. Hasta cierto punto, comprensible, pero si ellos finalmente decidieron no poner en primer lugar la propia vida en su orden de prioridades, menos lo va a hacer ahora un organismo como el Juzgado Central de Instrucción competente, que legalmente no puede tener ésa entre sus objetivos.

Si se hiciese caso a las mujeres de los secuestrados y a los Presidentes de las dos Comunidades autónomas afectadas, resultaría una justificación indirecta del pago del llamado por los terroristas de ETA impuesto revolucionario, en tanto en cuanto habría que considerar en esos supuestos que la vida del empresario chantajeado tiene prioridad sobre la consecuencia del pago del rescate: que la banda terrorista asesine a otro/s ciudadano/s que no tienen nada que ver con los problemas del empresario. Si se liberan ahora a los dos procesados por el Juez Baltasar Garzón, ¿cómo explicamos que en el futuro volvería a haber en la calle (en el mar) dos delincuentes más que podrán poner en peligro los bienes y aun la vida de otros pescadores que faenen en esas aguas? 

¿Fue correcta y, así, no fue criticada, la decisión de Jaime Mayor Oreja, como Ministro de Interior, de no ceder al chantaje de los etarras que secuestraron al concejal Miguel Ángel Blanco (de su propio partido político) y, aun peor, dieron un ultimátum de 24 horas al Gobierno para que acordara básicamente algo tan factible como el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, antes de asesinarlo, y, ahora, en cambio, es intolerable que se mantengan firmes las autoridades españoles ante una banda de asesinos reincidentes como son los piratas somalíes...? ¿Es que tenía menos importancia la vida de ese concejal, simplemente porque  fuera una sola persona, que la de unos marineros, por el hecho de ser treinta y seis?

Actualización del 12 de noviembre del 2009:  La Audiencia Nacional se pronuncia