"Rajoy se opone a negociar el pago del rescate para liberar a los cooperantes"

Lo cuenta así El País.com en su portada de hoy para colar el mensaje de "¿veis la calaña del líder del Partido Popular (PP)?".

Los del periódico de PRISA no deben de ser conscientes de que hasta qué punto han metido la pata con ese titular. O sí, lo cual sería incomparablemente peor: implicaría mala fe e instrumentalización del medio para fines partidistas hasta un grado que rompería nuevos límites en la degradación de la prensa española.

Y es que desde el asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco, si hay un partido político y unos dirigentes (que además son básicamente los mismos que entonces) legitimados para defender la no cesión ante chantajes terroristas, ésos son los del PP, por mucho que les duela a los numerosos celosos guardadores de las supuestas esencias de la democracia. En aquellos momentos, pese a estar en peligro un afiliado y titular de un cargo público de su partido, incluso con un plazo determinado en forma de cuenta atrás de sólo 24 horas, decidieron no ceder al chantaje de ETA, lo que implicó indirectamente que se produjera uno de los asesinatos más miserables, dramáticos y sentidos de la historia de la democracia española.

Esos hechos, que también son memoria histórica, son los que tenían que haber tenido en cuenta los periodistas que han redactado y han autorizado la publicación en portada de esa noticia, con ese repugnante titular.

No eran 12, sino 13 los medios de comunicación "respetables"

Y seguimos a vueltas con los crucifijos...

Publica hoy el El País.com la siguiente noticia en su portada de la tarde:

"El Tribunal (Superior de Justicia) de Castilla y León ordena retirar los crucifijos de un colegio "de las aulas donde lo pidieron los padres",

Nada sorprendente... hasta que se sigue leyendo el subtítulo:

Aplica "la misma doctrina constitucional" que la empleada para reconocer "el derecho a la objeción de conciencia respecto a Educación para la Ciudadanía". 

Aquí ya surgen más dudas acerca de a qué se está refiriendo exactamente el periodista como argumento del tribunal. Y cuando se bucea en el texto que desarrolla la noticia se confirman las sospechas:

"Es el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones, junto con la libertad religiosa y de creencias, "lo que el Alto Tribunal decide proteger en este caso".

Es decir, que no se trata de que a los alumnos no les coman el tarro cuando aun no han podido desarrollar herramientas intelectuales para ser críticos con, y en su caso defenderse de, los estímulos y la simbología que se les ofrece deliberadamente, sino más bien de que los padres, pobres desvalidos, puedan elegir qué confesión religiosa les cuelan con calzador a sus hijos cuando éstos aún no tienen muchos más recursos de aprendizaje que los estímulos y des-estímulos caninos de Pavlov.

Pero claro, no es de extrañar tal argumentación en una sociedad que eleva legalmente a la categoría de institución educativa, y encima la financia con dinero de todos los españoles - y todo incluido -, a una organización religiosa, como es la Iglesia católica. Y lo peor es que, con este estado de cosas , nada hay que impida, desde un punto de vista legal coherente e igualitario, la inminente implantación de las otras grandes religiones organizadas como instituciones educativas oficiales, a medida que siga incrementándose el número de inmigrantes de confesión y cultura musulmanas en España.

En última instancia, el problema radica en haberse entendido como compatible la afirmación constitucional de que España se organiza como un Estado aconfesional (Ninguna confesión tendrá carácter estatal - art. 15.3-) con otra disposición constitucional del mismo rango de protección - art. 27.3 - que establece que Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, así como con las leyes que, basándose en este último artículo, han desarrollado el sistema educativo español desde una óptica descaradamente tradicionalista, en beneficio de unas prerrogativas eclesiales anormales obtenidas durante la vigencia de un sistema político caciquil - como fue la Restauración - y uno dictatorial - como fue el Franquismo -.

De esta manera, en el siglo de la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, seguimos aún en este país con anacrónicas medias tintas con respecto a la presencia de símbolos religiosos católicos en los colegios e institutos de enseñanza.

Juegos peligrosos

Los inventores de patrias no se cansan de repetir la leyenda del pueblo ancestral que se ha mantenido idéntico desde los tiempos más remotos y a la vez es un modelo de modernidad y cosmopolitismo acogedor, que ha sufrido sin doblegarse la opresión de un poder forastero y enemigo, el cual tiene la culpa de todas sus desgracias, y además es grosero, atrasado, arrogante, en muchos casos español.

Antonio Muñoz Molina, acerca de Dangerous games, de Margaret McMillan (2009).

Y cuando esos inventores están en las mismas instituciones que gobiernan, ocurren cosas como ésta: El caso Iruña-Veleia llega al sumidero

El charnego agradecido.

El cinismo o la inopia de José Montilla, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, parecen no tener límites. Hoy, 6 de diciembre, el día de la Constitución, esa efeméride cuya celebración su gobierno, en connivencia con los partidos nacionalistas oficiales de Cataluña (el PSC lo es de hecho), no acuerda ni promueve (ni oficialmente ni mucho menos en la intimidad), se descuelga con un artículo de fondo en El País en el que, después de rendir hipócrita pleitesía a la carta magna en el título principal (Defensa y elogio de la Constitución), lo contradice flagrantemente en el subtítulo con el tenor de "las instituciones se legitiman ante la ciudadanía con su ejecutoria. El Tribunal (Constitucional) no puede actuar de espaldas a la opinión pública", en referencia a la próxima publicación de la sentencia de este tribunal sobre la constitucionalidad de algunas partes del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con razón casi todo el mundo en Cataluña desprecia al charnego agradecido. Los nacionalistas puros, por ser de fuera y hablar deficientemente el catalán, la lengua propia de Cataluña, según ese Estatuto nacionalista que desprecia el concepto legal y abierto de lengua oficial cuya realidad, tan a su pesar, encarna Montilla. Los no nacionalistas, por no tener la suficiente personalidad para actuar con convicciones propias y plegarse sumisamente al nacionalismo rampante que, en el fondo (y a veces, hasta en la forma: concierto de despedida de Lluís Llach en Verges, Gerona) desprecia sus orígenes no catalanes y no reconoce la realidad plural que él refleja.

Lo lamentable y desmoralizador de todo esto es que todo un Presidente de Comunidad Autónoma, de una tan importante como Cataluña, no tenga los suficientes conocimientos de Derecho como para saber que un juzgado o tribunal no decide, no puede, no debe decidir el fallo de sus resoluciones basándose en la opinión pública, sino única y exclusivamente en las leyes promulgadas, publicadas y en vigor. Por no mencionar, claro, que la opinión pública para un político que la miente no suele ser más que la confirmación de la opinión de uno mismo, teniendo en cuenta que no se puede medir científicamente, puesto que la expresada por los ciudadanos de Cataluña con ocasión del referéndum sobre el Estatut no puede referirse legalmente más que a la que no rebase los límites establecidos por la Constitución, ya que la que sí lo haga debe respetar la opinión pública de todos los españoles, que son los únicos ciudadanos que, por los cauces previstos, pueden decidir reformarla.

En cualquier caso, no nos hemos caído de un guindo. Es evidente que Montilla sí conoce a qué debe atenerse exclusivamente el Tribunal Constitucional. Sus declaraciones, en línea con la de los políticos nacionalistas catalanes, sólo pretenden, desde la demagogia populista, presionar lo máximo posible a los miembros del alto tribunal para que se asusten y acaben sentenciando contra los recursos de inconstitucionalidad planteados y, por tanto, a favor de la plena constitucionalidad de todos los artículos del Estatut.

Así las cosas, lo penoso no es que Montilla no tenga conocimientos elementales de ese Derecho cuya proposición y ejecución es la misión fundamental de la institución que él encabeza, sino más bien que un Presidente de Comunidad Autónoma, que debería dar el máximo ejemplo, muestre tan poco respeto por la legalidad vigente.

Actualización (6 de enero del 2010): el cordobés sigue amenazando con no acatar la decisión del Tribunal Constitucional. 

Montilla prepara una respuesta "unitaria" de la sociedad catalana ante un recorte del Estatut

El presidente catalán envía una misiva a 200 entidades pidiendo su apoyo